¿Demanda indemnizatoria para mantener utilidades?

Las tecnologías disminuyen su costo medida que pasa el tiempo. También aumentan su capacidad de acuerdo a la ley de Moore. En ocasiones los dispositivos mantienen precio para incorporar nuevas funcionalidades. Los actuales precios de los servicios de telecomunicaciones de datos es un 30% de los precios de hace 4 años atras.

¿Por qué los hechos anteriores no aplican a telefonía celular? ¿Es necesario que las utilidades de los operadores de telefonía celular sean mantenidas gracias a demandas judiciales y no, como es lo lógicamente correcto, mediante eficiencias en sus servicio?
ESTRATEGIA: Operadores Móviles Podrían Presentar Demanda Indemnizatoria
El 22 de diciembre las empresas de telefonía móvil deberán presentar sus observaciones al informe de objeción y contraproposición que realizó la Subtel. Esta será la gran oportunidad de las compañías para plantearle a la autoridad sus puntos de vista en materia regulatoria, la cual estará amparada por una comisión pericial.

De este modo, la semana pasada los operadores plantearon sus inquietudes, preocupaciones e implicancias que tendría una baja de 32,7% en los cargos de acceso. Ello, ha sido visto por parte de los parlamentarios, como una amenaza que están ejerciendo las empresas a la autoridad, e incluso la DC habló de un "potente lobby" hacia la Subtel, el que involucraría a sectores políticos y empresariales. Es por ello que los congresistas se han hecho parte de este proceso y han pedido a la autoridad que aclare las consecuencias que tendrá una baja en los cargos de acceso.

La problemática planteada, está en que según las empresas una baja en los cargos de acceso, inevitablemente conllevará una alza en las tarifas y en los aparatos móviles, lo que a su vez implicaría la salida del mercado de 1,5 millón de abonados móviles.

Por de pronto, las empresas han sido enfáticas en afirmar que en el caso de no ser acogidos sus planteamientos, evaluarán todas las alternativas judiciales posibles. En este contexto, la jurisprudencia ha demostrado que un recurso de protección puede ser declarado inadmisible, como ocurrió con el decreto tarifario pasado de Telefónica CTC, por lo que no es una alternativa segura. La Contraloría General de la República sólo se puede pronunciar sobre la legalidad del decreto, por lo que también es descartable recurrir a dicha instancia.

Así, una fuente del sector afirmó que recurso de indemnización y perjuicio ante los tribunales es la opción que podrían tomar los operadores móviles para modificar la decisión de la autoridad. Este recurso puede ser presentado en los tribunales chilenos o en el CIADI, ya que en las cuatro compañías su accionista controlador es extranjero (Bellsouth, Telecom Italia, Endesa España y Telefónica España).