La Tercera

Eduardo Engel vuelve a escribir una de sus columnas que, aunque no tienen gran difusión y pocas personas leen, contienen elementos de gran fuerza. El artículo se llama ¿A la cárcel por coordinar precios? y en partes dice:
En abril de 2002, el juez Lewis Kaplan ordenó a las prestigiosas casas de remates Sotheby's y Christie's compensar a sus clientes con US$ 512 millones por haberse coordinado durante años para fijar precios. Además, el gerente general de Sotheby's, Alfred Taubmann -un conocido filántropo-, fue condenado a un año y un día de prisión por su rol incitando y promoviendo el cartel. Su contraparte en Christie's, en cambio, no recibió condena alguna por haber denunciado ante la justicia las prácticas anticompetitivas.

Más cerca de casa, hacia fines de 1993, Cruz Verde denunció ante la Fiscalía Nacional Económica un acuerdo de precios en que había participado la cadena denunciante junto a sus tres principales competidores (Salco, Brand y Ahumada).

Meses antes Cruz Verde había decidido ingresar al mercado metropolitano, abriendo varias farmacias y reduciendo sus precios agresivamente. Las cadenas que dominaban el mercado reaccionaron, contactando a Cruz Verde para plantearle la necesidad de "irse por la buena". La propuesta concreta incluía coordinar las listas de precios, reducir los gastos en publicidad y comprometerse a no abrir nuevos locales.

Cruz Verde aceptó la oferta, pero a poco andar se arrepintió y denunció el caso ante la Fiscalía Nacional Económica. Los involucrados discrepan sobre lo sucedido, pero según el fallo de la Comisión Resolutiva, sobre una cosa no cabe duda: hubo concertación de precios; de hecho, Cruz Verde presentó ante la fiscalía una versión impresa de la lista de precios que acordaron las cadenas en cuestión.

El fallo de la Comisión Resolutiva aplicó multas inferiores al daño que causaron a los consumidores a las cuatro cadenas. Tampoco hubo penas de cárcel ni consideraciones especiales para la empresa denunciante.

el proyecto también tiene falencias importantes. Un primer problema es que no contempla incentivos para denunciar prácticas anticompetitivas. Quienes están en una posición privilegiada para aportar pruebas sobre un acuerdo colusivo son quienes participan en dichos acuerdos. Es por eso que la legislación debe contemplar incentivos para denunciar dichas prácticas. Por ejemplo, en Estados Unidos el primer participante en denunciar un acuerdo colusivo sale libre de polvo y paja, tal como sucedió en el caso de las casas de remates.

En Chile, en cambio, el denunciante del cartel de las cadenas de farmacias fue multado al igual que los demás participantes del acuerdo. Para disuadir a los eventuales participantes en un cartel, las penas a las cuales éstos se arriesgan deben tener un efecto disuasor. Como detectar y probar ante la justicia que hubo un acuerdo colusivo es muy difícil, las penas pecuniarias deben ser mucho mayores que los eventuales beneficios. En este sentido el proyecto de ley hace lo correcto, al aumentar considerablemente las multas.

Sin embargo, muchas veces las penas pecuniarias no bastan para disuadir a eventuales infractores, sobre todo cuando se trata de individuos con mucha riqueza. Y, según indica la evidencia internacional, son muchas veces dichos individuos quienes se concertan para fijar precios. Es por eso que las penas de cárcel son importantes, pues su impacto disuasivo es innegable. Desgraciadamente, a diferencia de la legislación existente, la nueva ley no contempla penas de cárcel.

El proyecto de ley tampoco contempla para la autoridad antimonopolios un rol de monitoreo y denuncia de eventuales conductas del gobierno que atentan contra la libre competencia.

El siguiente caso sirve para ilustrar la importancia del rol anterior. Hace unos meses los productores de leche reclamaron que las plantas lecheras se habían coludido para pagarles precios bajos. Según informes de prensa, asesores de gobierno hicieron notar a las partes que era deseable que acordaran precios razonables. No se ha vuelto a saber del caso, por lo que no se puede descartar que los asesores antes mencionados hayan sido exitosos.