Lobby en Chile

Jaime Estévez ha escrito una gran columna Grupos de presión y transparencia.
Grupos y lobbies poderosos presionan, utilizando diversas estrategias y tácticas, para conseguir renta económica ("rent-seeking") o transferencias de riqueza, desde el gobierno u otros grupos de menor organización y poder relativo, a través de la aplicación de políticas públicas, regulaciones y procedimientos poco transparentes de fijación de precios que les conceden elevados subsidios, restringen la competencia, establecen barreras de entrada y les otorgan tratamientos tributarios preferenciales y privilegios especiales.

El éxito alcanzado en este ámbito por las grandes empresas en las economías industrializadas resulta impresionante, según lo ratifica The Economist en su edición especial conmemorando su 160 aniversario. En efecto, se ha creado un verdadero "corporate welfare" en el caso norteamericano, ya que las transferencias presupuestarias directas a empresas alcanzaron a US$90 mil millones anuales - casi 1,4 veces el PIB de Chile- , en virtud del efectivo lobby corporativo y del marcado sesgo "pro-empresas", en vez de pro-mercado, de las políticas públicas implementadas. Similar inclinación y tendencia se aprecia en otras economías desarrolladas en favor de grupos y actividades relacionadas básicamente con la agroindustria y el sector exportador.

Los grupos de presión compiten entre ellos para influir en el diseño e implementación táctica de políticas que les transfieren riqueza, en una competencia que suele ser muy desigual dada la considerable y creciente brecha de acceso a los mercados de la información y al de las influencias políticas prevaleciente entre los opuestos y diversos grupos de presión y de sus lobbies respectivos.

Según Mancur Olson, la impresionante desigualdad en el acceso a los referidos mercados sería la variable más importante para explicar el hecho de que aquellos grupos de mayor poder relativo hayan logrado asegurar la aplicación de políticas y regulaciones en su propio beneficio sacrificando producto social y, a la vez, impidiendo la adopción de otras que dañaban el interés grupal, no obstante aumentar el bienestar agregado. En tales condiciones, la desviación de energías y recursos productivos desde actividades de mayor rentabilidad social relativa hacia el rent-seeking genera ineficiencia y, además, reduce el ritmo de crecimiento económico, no obstante la eventual contribución del "lobby técnico" al pool de información disponible para mejorar el proceso de toma de decisiones de política económica.

Varias economías de la OECD han estado desarrollando una avanzada institucionalidad con los objetivos de minimizar las distorsiones o costos sociales emanados de la acción de estos poderosos grupos y lobbies, reducir los severos desequilibrios en su capacidad de influencia relativa y mejorar la calidad de la democracia y de las políticas. En suma, reforzar la confianza pública en las instituciones políticas y económicas. Los principales instrumentos utilizados para estos efectos han sido la estricta regulación y monitoreo de la actividad de lobby, adopción de críticas mejoras en la transparencia y, en ciertos casos, la promoción de una activa y progresiva participación de los ciudadanos en el proceso de policymaking.

En tal proceso, se consideran como elementos centrales tanto la entrega oportuna de información - completa, objetiva, confiable y fácil de encontrar y comprender- como las consultas a un amplio espectro de organizaciones y agentes para lograr su feedback en temas regulatorios, de política e institucionales. En efecto, el 80% de estos países ya contaba con legislación sobre libre acceso a la información en el año 2000, convirtiéndose este derecho en la regla y el secreto en la excepción, particularmente en el ámbito económico. Esta provisión de información y feedback se ha hecho cada vez más eficiente por medio del creciente uso de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones. Aún más, en Australia, una institución específica - la Industry Commission- se dedica a mejorar la transparencia de las políticas en ejecución y disemina la información disponible sobre temas involucrados en proyectos de ley o de políticas públicas.

En síntesis, la experiencia de estos países muestra que la transparencia - vía amplia y oportuna entrega de información- , consultas y/o participación promovidas por las instituciones político-económicas, es un efectivo instrumento para educar e informar, en igualdad de condiciones, a todos los agentes económicos y, por ende, equilibrar el poder de influencia relativo de los distintos grupos de presión de modo de minimizar su impacto sobre el crecimiento económico, la distribución del ingreso y el bienestar social.

Como en toda democracia, la organización y actividades de los grupos de presión ha crecido sostenidamente en los años de gobierno de la Concertación. Expresión de ello es la industria del lobby, que ha operado informalmente en el país desde hace más de una década. Las presiones y el lobby económico de estos grupos parece haberse intensificado en el último tiempo al considerar los múltiples conflictos de intereses que han emergido públicamente en la esfera económica, relacionados con la fijación de tarifas de servicios de utilidad pública, impuestos específicos, bandas de precios, regulación de tarjetas de crédito de casas comerciales, plan Auge, cuotas de pesca, medio ambiente, protección para ciertos sectores frente a los acuerdos comerciales, flexibilidad laboral, reforma al mercado de capitales, royalty a la minería del cobre, etc.

En este contexto, la regla de superávit estructural y la meta anual de inflación que sustentan la política macroeconómica en el país, unida al elevado grado de transparencia que existe sobre la información presupuestaria, monetaria y cambiaria, garantizan simultáneamente la estabilidad económica y un campo de juego macro libre de las presiones de poderosos grupos de interés.

No obstante, en el ámbito microsectorial, hay apreciables espacios para la acción de dichos grupos y lobbies respectivos. El gobierno ha expresado su voluntad de implementar una amplia agenda de transparencia, la que contemplaría una estricta regulación y monitoreo del lobby, con el objetivo de eliminar el tráfico de influencias y reducir el enorme desequilibrio de poder existente entre los múltiples y opuestos grupos de interés. La mayoritaria aprobación del proyecto que modifica la ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores es una importante señal y refuerzo en este sentido.

Alta opacidad

La nivelación de las reglas del juego y de las oportunidades de negocios en el campo microeconómico requiere asegurar a los agentes económicos que, primero, las mismas reglas valen para todos los que compiten en un mismo mercado; y, segundo, que los clientes o consumidores se beneficien de una mayor transparencia dado que en muchos mercados prevalecen altos grados de opacidad, como, por ejemplo, el financiero y en la fijación de precios de los servicios de utilidad pública.

Según PricewaterhouseCoopers, la opacidad actúa como un gravamen oculto del orden de 5% en Chile, 15% en México y 25% en Argentina y Brasil.

Finalmente, es relevante destacar que para una economía pequeña y abierta, como la chilena, la mejora y consolidación de su reputación de transparencia que mantiene en los rankings internacionales constituye, además, un valioso activo en la actual coyuntura de renovada inserción en los mercados externos por su positivo efecto esperado sobre nuevos negocios, atracción de inversión extranjera y, lo más importante, en el bienestar económico y social.